En el correr de los próximos meses, la Legislatura fueguina verá un complejo debate con respecto al proyecto de Ley de Presupuesto Provincial, que ya cuenta con estado parlamentario, bajo el asunto 291/20.
Desde la comisión Nº2 de Economía, el jueves iniciarán las tareas de diagramación de un calendario de encuentros para comenzar el análisis, junto a funcionarios y dependencias de cada gasto planteado en el proyecto.
No obstante, de ya haberse presentado el proyecto, hay dos variables a considerar que podrían modificarse con el correr de las semanas.
Por un lado, tenemos las variables macroeconómicas nacionales: tema dólar, inflación y las proyecciones de la producción. La pandemia agravó lo que ya se vaticinaba como una caída del PBI, pero todavía no tenemos un verdadero cálculo del impacto que podría tener en el año próximo. Sin saber cuándo estará la vacuna es difícil estimar un escenario de recuperación en fechas, y mucho menos, en números.
Por otro lado, corre el tema de la reestructuración de la deuda. Hace algunos días, el ministro Fernández, a cargo de la cartera de Finanzas Públicas, declaró estar trabajando en la temática; por lo que no podríamos establecer montos de dinero que serán destinados al pago de intereses. Podríamos entonces asumir, que las obligaciones del erario fueguino serán menos asfixiantes, pero no de menores montos: en el año 2020 se pagarán $2.230 millones de pesos. Que, en palabras de Fernández, representan la totalidad de las regalías hidrocarburíferas.
“Para el año que viene, estimando una depreciación del peso del orden del 40%, las sumas a pagar en concepto de intereses y amortización ascenderían a más de $ 3.500 millones de pesos, equivalente a la mitad del plan de obras presupuestado para 2021” analizó el Ministro.
En mi opinión, puede que el ministro se haya quedado corto: la devaluación interanual (de septiembre de 2019 a septiembre de 2020) fue del 42,47% y no estaría incluyendo una de las caídas más fuertes de 2019: la posterior a la derrota del macrismo en las PASO. En lo que va de 2020 la variación cambiaria ya pasó el 31% y, antes las presiones del Central para liberar dólares para el ahorrista, parece que un proceso devaluatorio más profundo podría darse en lo que queda del año.
Desde Tiempo Fueguino decidimos consultar a distintos referentes de la Legislatura en busca de opiniones sobre el posible Presupuesto 2021. Uno de ellos, el presidente de la comisión Nº2, el legislador de la UCR Federico Sciurano nos brindó su opinión en dos de los puntos más conflictivos de la ley: el déficit planteado y la incorporación de personal.
Refiriéndose al déficit, Sciurano declaró que habrá que evaluar la situación propuesta por el Ejecutivo, principalmente considerando que los gastos serán por $74.000 millones y los ingresos no llegaron a los $60.000 millones de pesos.
Otro punto curioso es que la justicia tiene más del doble de presupuesto que el Poder Legislativo: siendo $4.800 para la justicia y $1.800 para el legislativo. El legislador mencionó también “nos vamos a tomar un par de semanas en septiembre y empezaremos a evaluar. Desde la Comisión de Economía se comenzará a convocar para hacer un estudio profundo de las miradas que tienen cada una de las áreas. Tanto el Ejecutivo, el Poder Judicial como los entes autárquicos.”
En otro punto interesante desarrollado por Sciurano se trata de un poco lo que veníamos mencionando al inicio del artículo: las variables exógenas a quiénes elaboran el presupuesto. En octubre, el Gobierno Nacional presentará el presupuesto del país, que no sólo proyectará valores de inflación y precio de dólar que podrían descalabrar los cálculos provinciales, sino que además podría modificar los valo-res de coparticipación y deuda. Si hacemos memoria, la deuda fueguina no es to-da internacional: una buena parte, cerca del 33%, es con el propio Estado Nacio-nal. Ahora, con la renegociación de la deuda externa con el FMI, desde la Casa de Gobierno esperarían un recorte en estos más de $6.000 millones de pesos en car-gas financieras.
Cabe destacar el crecimiento de la planta de trabajadores: sería de un 11%, superior a la autorizada en 2018 y que representaría un gasto salarial de $20.000 millones de pesos anuales total. En este presupuesto estarían incluidos unos 80 programas, 200 acciones a desplegar desde las distintas dependencias del Ejecutivo. ¿Las más destacadas? El Programa de Continuidad Pedagógica ($7.249 millones), el Programa de Seguridad Provincial ($3.264 millones) y el Programa Integral de Convergencia del GLP ($2.819 millones).
Desde el ministerio de Finanzas Públicas, evaluando el contexto y desplome de las actividades productivas, consideran que el punto focal del Estado debe estar en sostener y ampliar los programas sociales de asistencia. Según Fernández, estas han sido las medidas más efectivas a la hora de contener a los grupos en situaciones más vulnerables.
En lo que respecta a cargos vemos aumentos y recortes que nos dejan con un crecimiento de 485 puestos de trabajo en el estado. Se crearían unos 1.085 cargos en comparación del 2019, mientras que como contrapeso surge un recorte de 600 cargos.
Lo curioso es que el recorte cae sobre el escalafón docente, llevando a 5.250 los cargos con respecto de los 5.850 aprobados en 2018. A esto, se le modifica la cantidad de horas cátedras, que aumentan por encima de lo autorizado por la Legislatura en 120.000, algo menos del 20% excedido.
Restará ver que dicen desde el Ministerio de Educación y el SUTEF sobre esta modificatorio, si responde a un pedido administrativo o realmente hay un recorte o aumento de docentes. Si consideramos las últimas acciones del sindicato, infiero que no veremos ninguna declaración que pueda ser contraria a la modificación.
Pasando al Poder Judicial, se espera la incorporación de 77 nuevos cargos de planta. No obstante, según declaraciones de Sciurano en este presupuesto no se incluyen estos nuevos dos teóricos jueces, dados que la ley todavía no está aprobada. Es decir, que esta incorporación es independiente a la ampliación del Superior Tribunal y del servicio de Defensoría que también se está tratando en la Legislatura.
En conclusión, la situación presupuestaria es “fluida” y hay varios factores que escapan al control del Ejecutivo Provincial. Dependerá que proyecciones presente Nación, así como la nueva coparticipación y si hay reestructuración de la deuda interna.
Lo que podemos pasar en limpio de este primer presupuesto, que seguramente tendrá modificaciones en su debate legislativo, es que habrá un aumento de 18.036 agentes estatales a 18.688, con una masa salarial que supera un tercio del presupuesto anual en salarios, con unos $28.000 millones.
Históricamente la provincia ha sido delimitada por cuestiones de cargas salariales y obligaciones a la hora de determinar donde aloca su presupuesto; al igual que desarrollar el proyecto de ley previo a la presentación del Presupuesto Nacional. Por ahora los datos son más indicadores de hacia dónde apunta el ejecutivo provincial que números concretos que permiten mayor análisis. Habrá que esperar las convocatorias y cuáles son los puntos de conflictos para la oposición.