Tras constituirse el Municipio como querellante en la causa, en declaraciones radiales el secretario municipal no dudó en cargar toda la responsabilidad contra el empleado infiel por gastar casi $4 millones indebidamente. «El propio intendente se ha ofrecido como testigo en la causa», destacó.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Gastón Díaz, adelantó que en los próximos días podrían declarar miembros del Gabinete y hasta el propio intendente Martín Pérez, en la causa por el fraude cometido por un ex empleado contratado que gastó cerca de $3,8 millones con una tarjeta de crédito institucional.
Tras conformarse una «Comisión Investigadora» a raíz de la presentación hecha por un vecino local en el Concejo, Díaz aclaró que el director del Área de Juventudes dependiente de la Agencia de Deportes. «Utilizó los datos de una única tarjeta que se denomina corporativa, porque es institucional» y explicó que la entidad emisora requiere que el plástico se imprima a nombre de una persona física.
«En realidad los datos de la tarjeta los obtiene a partir de poder ingresar a la oficina por una relación de confianza que mantenía con el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro.
Con absoluta inescrupulosidad cargó los datos de la tarjeta en su propio Mercado Pago, utiilizó los datos de esa tarjeta, no el plástico», indicó el funcionario en diálogo con LRA10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
En este sentido, Díaz añadó que esa persona «Comenzó a hacer estos gastos hace 7 u 8 meses» y que cuando se recibía el resumen de la tarjeta «parecían ser gastos propios de la finalidad que tenía esta tarjeta».
«En los últimos dos meses y medio comenzó a realizar gastos muy superiores, suponemos nosotros a través de una triangulación donde ya directamente eran transferencias de dinero en efectivo.
El propio intendente se ha ofrecido como testigo en la causa, poner la disposición la documentación», amplió.
Sumado a lo anterior, el secretario de Gobierno precisó que Segovia «Es una persona que militaba en el espacio político del intendente», por lo cual «Desde el primer momento el intendente sabía que esto iba a traer aparajedo no solamente consecuencias administrativas sino también políticas».
«El decreto que el intendente emitió el 2 de mayo instruye a la auditoría interna.
Claramente lo que sucedió no es un hecho menor y nosotros lo hemos tomado con toda la celeridad desde el primer día se le dio (a Segovia) la oportunidad de hacer su descargo, donde reconoció que fue él quien cometió este hecho delictivo», subrayó.
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