Tras el último encuentro del Consejo Consultivo de Bosques Nativos, la Comunidad Indígena Rafaela Ishton vuelven a reclamar plena participación.
“Otra vez los Legisladores y el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia volvieron a omitir nuestro derecho a participar del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), a ser escuchados y decidir el uso que se dará a los bosques que se encuentran dentro de nuestro territorio comunitario”, sostienen en un comunicado.
Cuando la comunidad se enteró del proyecto de OTBN para los próximos años, que además ingresó a la Legislatura sin que jamás nos hayan convocado para diseñarlo, exigen que “nos escuchen, que nos convoquen, que atiendan nuestras demandas y preocupaciones y que no nos discriminen dándonos la oportunidad de defender nuestros derechos en la mesa donde se discuten estos temas. Pero ellos sostienen que somos “ignorantes”, que “no sabemos administrar nuestros recursos” y “que no estamos organizados”.
Dicen que estamos representados por una ONG, a quienes nosotros ni conocemos y que tampoco nos han convocado nunca para explicarnos por qué toman decisiones por nosotros”.
Asimismo, apuntan que “los que participan del Consejo Consultivo de Bosques son cómplices de la ministra Castiglione y de la secretaria de Ambiente Eugenia Álvarez, que adrede, quieren mantenernos lejos de las decisiones para quedarse con nuestros recursos”.
La Comunidad Indígena Rafaela Ishton del pueblo selk’nam, no es una Organización No Gubernamental, sino una comunidad indígena y como tal, tiene un ordenamiento jurídico propio, personería jurídica y son propietarios registrales (con escrituras públicas) de un territorio comunitario indígena de 36 mil hectáreas, que no son tierras fiscales ni tierras privadas.
Por ello, “tenemos el mismo derecho que los estancieros a participar del Consejo Consultivo de Bosques, creado por Ley provincial 869, cuya letra pedimos a los Legisladores modificar urgentemente para que se nos incluya”.
De todas maneras, la Constitución Nacional y el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT obligan al Estado a consultar a las comunidades indígenas antes de formular o aplicar un programa o proyecto de desarrollo, de autorizar la explotación de recursos naturales en sus territorios, o de implementar una política pública susceptible de afectarles directamente.
Y eso en Tierra del Fuego, no se respeta. “La consulta previa a los pueblos indígenas es tan importante, que la Ley de Bosques 26.331, que obliga a las provincias a presentar su Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, establece claramente que “en el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, apuntan.
Recuerdan que el Estado Nacional creó un manual para la aplicación de este derecho en todo el ámbito nacional para que el proceso de consulta previa, libre e informada sea válido, debe cumplir con una serie de principios.
Debe ser: – previa – libre – informada – de buena fe – adecuada culturalmente y – realizada a través de sus instituciones representativas.
Para que sea válido “el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que se pretende aprobar en la Legislatura, tiene que contar con nuestro conocimiento y aprobación y para eso, se nos debe convocar como lo indica el manual: a través de nuestros representantes, mediante un proceso participativo que nos incluya a todos y en el cual se tome en cuenta nuestro derecho a decidir sobre los bosques que se encuentran dentro de nuestro territorio comunitario”, finalizan.
Urbana Rock 985 FM 